Reforma constitucional de seguridad: los puntos más controvertidos del borrador del gobierno de Kast
Síntesis
Contexto: Se conoció una versión preliminar de la reforma constitucional de seguridad que prepara el gobierno de José Antonio Kast.
¿Qué pasó? La propuesta generó críticas por posibles restricciones a prestaciones de salud, regímenes especiales para condenados y la decisión de llevar estas materias a la Constitución. El texto definitivo aún debe ingresar al Senado.
Un sinfín de reacciones generó la filtración del borrador de la reforma constitucional en materia de seguridad que prepara el gobierno del presidente José Antonio Kast.
El documento, que contempla 11 modificaciones a la Carta Fundamental, provocó reparos tanto en la oposición como dentro del propio oficialismo. Uno de los principales cuestionamientos apunta a la posibilidad de restringir prestaciones estatales vinculadas a la salud, educación, trabajo y seguridad social a personas condenadas por delitos relacionados con el crimen organizado, narcotráfico y terrorismo.
A ello se suman críticas por la decisión del Ejecutivo de llevar a la Constitución materias que, según algunos dirigentes políticos y expertos, podrían regularse mediante leyes.
Desde el gobierno han recalcado que el texto conocido no corresponde a la versión definitiva. Este lunes, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, aseguró que se trata de un “borrador muy antiguo”, mientras que el presidente Kast llamó a esperar el ingreso oficial de la iniciativa al Congreso.
Restricciones a prestaciones de salud
Uno de los puntos que más cuestionamientos ha generado se relaciona con el acceso a prestaciones de salud financiadas por el Estado.
Según el borrador al que accedió La Tercera, las personas condenadas por delitos asociados al crimen organizado, terrorismo y narcotráfico podrían quedar impedidas de acceder a prestaciones estatales vinculadas al derecho a la protección de la salud durante el cumplimiento de la condena y hasta 15 años después.
La propuesta generó reparos de la ministra de Salud, May Chomali, quien afirmó a CNN Chile que “eso podría generar alguna incompatibilidad con algunas leyes que nosotros tenemos, como la Ley de Urgencia, por ejemplo. Se podría interponer con algunos mandatos que nosotros tenemos”.
Al respecto, el presidente José Antonio Kast aseguró que “a nadie le va a faltar la salud de emergencia” y señaló que una persona con una enfermedad como cáncer continuará recibiendo tratamiento.
Regímenes especiales y diferencias de trato
El borrador también propone establecer que las diferencias de trato derivadas de las inhabilidades y restricciones contempladas para condenados por crimen organizado, terrorismo y narcotráfico no serán consideradas arbitrarias.
Esto se relaciona con la posibilidad de establecer regímenes penitenciarios diferenciados, que podrían incluir restricciones a comunicaciones, visitas, traslados y acceso a beneficios penitenciarios. Además, el texto busca dejar establecido que estas limitaciones no afectan los derechos constitucionales “en su esencia”.
La seguridad pública como deber del Estado
Otro de los cambios contempla incorporar expresamente la “seguridad pública” al inciso quinto del artículo 1° de la Constitución.
Actualmente, la norma establece que “es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia”, además de enumerar otras obligaciones. Con la modificación contemplada en el borrador, la seguridad pública quedaría reconocida expresamente entre los deberes constitucionales del Estado.
¿Por qué el gobierno busca modificar la Constitución?
La vía escogida por La Moneda también generó cuestionamientos. El propio documento sostiene que la reforma constitucional busca responder a decisiones del Tribunal Constitucional que, a juicio del Ejecutivo, han reducido el margen del legislador en materias de seguridad pública.
“Cuando la jurisprudencia constitucional, interpretando extensivamente las garantías individuales e ignorando los deberes positivos de protección, reduce sistemáticamente el espacio del legislador en materias de seguridad pública (…), la respuesta republicana correcta no es la denuncia política del órgano de control, sino la reforma constitucional”, señala el borrador.
Sin embargo, dirigentes oficialistas y especialistas han cuestionado que todos estos cambios deban incorporarse a la Carta Fundamental.
El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, sostuvo en La Tercera que “en las condiciones actuales, la UDI no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañan la institucionalidad”. Aunque respaldó medidas como la creación de un nuevo estado de excepción, cuestionó constitucionalizar materias que podrían regularse mediante leyes.
En la misma línea, la presidenta de RN, Andrea Balladares, también advirtió que “la Constitución no puede transformarse en un catálogo de medidas ni modificarse cada vez que enfrentamos un problema de política pública”.
A estas críticas se sumó el líder del PDG, Franco Parisi, quien en Mesa Central descartó entregar los votos de su partido a la iniciativa y sostuvo que “no se necesita la reforma constitucional”. En particular, planteó que los cambios en materia penitenciaria podrían realizarse modificando el Decreto Supremo 518.
El exministro del Tribunal Constitucional Enrique Navarro también señaló que “la gran mayoría de esos temas, en principio, son materias de ley” en conversación con La Tercera.
El alcance final de estas modificaciones se conocerá con la presentación oficial del proyecto, cuyo ingreso al Senado se espera para este martes.
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