La Fundación ProCultura fue una institución con casi 15 años de experiencia en el servicio público. Sin embargo, durante el último año se rodeó de cuestionamientos por sus eventuales irregularidades en los contratos que pactaron con instituciones públicas. En noviembre de 2023, decidieron cerrar sus puertas.

Los cuestionamientos surgieron a raíz del Caso Convenios, que destapó la polémica de Democracia Viva, que obtuvo fondos de forma irregular de parte del Serviu y la seremi de Vivienda de Antofagasta.

Ambas instituciones públicas, de hecho, tenían, en total, 5 contratos con ProCultura, lo que despertó las primeras sospechas. En el marco de esta investigación, se solicitó la restitución de los montos, que aún no se entregan, lo que terminó con una querella por parte del Consejo de Defensa del Estado contra la fundación por apropiación indebida.

Sin embargo, este no es el único caso que estudia actualmente el Ministerio Público. ProCultura, siendo una de las fundaciones más prominentes en Chile, actualmente está bajo investigación por convenios en cuatro regiones más: Aysén, Magallanes, Valparaíso y Biobío.

Ahora, esta semana, por este mismo caso, tienen que declarar dos funcionarios y un exministro de Gobierno: Miguel Crispi (RD), jefe de asesores de La Moneda, Javiera Martínez (RD), directora del DIPRES, y Giorgio Jackson (RD), exministro de Desarrollo Social.

Las claves para entender el caso de la Fundación ProCultura

La Fundación ProCultura se fundó en 2009 por Ilonka Csillag y Alberto Larraín, y desde 2010 es parte del Registro de Colaboradores del Estado. Esto le permitió entrar en la búsqueda de convenios con organismos públicos que necesitaban sus servicios.

Inicialmente se formó sobre la idea de ser una fundación que promovía actividades culturales y de educación. Sin embargo, en el tiempo amplió sus capacidades, moviéndose también a proyectos de restauración, de patrimonio y desarrollo cultural.

Su página web, aún activa, menciona en su descripción que son una fundación que:

«a través de acciones identitarias, patrimoniales y culturales generamos oportunidades de desarrollo para las comunidades con el fin de potenciar la calidad de vida de las personas y que alcancen mayores niveles de bienestar físico, mental y social».

Con esta amplitud de tareas, ProCultura logró obtener más de 60 convenios con al menos 13 instituciones estatales en 9 regiones del país. En total, en el periodo de 2010 y 2023, consiguieron fondos por cerca de $4.200 millones.

Las investigaciones por irregularidades

La «amplitud» de las tareas de la fundación ProCultura es una de las principales causas de por qué llamó tanto la atención. Desde tareas de pintura, pasando por programas de prevención del suicidio, hasta intervenciones territoriales en campamentos tuvo esta ONG.

Además, existieron convenios que tenían precios bastante elevados. Por ejemplo, el GORE de Antofagasta les transfirió $629 millones para un programa de recuperación de casco histórico, que consistía en la limpieza y pintura de tres edificios, más la capacitación de los 38 funcionarios que trabajarían y la elaboración de informes técnicos.

Asimismo, fuera de su rol común, supuestamente de recuperación y desarrollo territorial, por el programa de prevención del suicidio que mencionamos, obtuvieron $1.683 millones, desde el Gobierno Regional de Santiago.

Por otra parte, también se investiga que la fundación tenía bajo su contrato a funcionarios que también realizaban labores en el Serviu de Antofagasta, que les entregó fondos. Sobre esto, ProCultura mencionó que solo aceptaron las recomendaciones del seremi de Vivienda local, sin conocimiento de esta doble función.

Hace tan solo una semana, también Contraloría dio a conocer también que existen $990 millones de fondos que no fueron utilizados en el marco de un convenio con el GORE de La Araucanía, y que no han sido devueltos a la entidad. En el mismo informe, se mostró que $5,8 millones se rindieron en coctelería y cerveza, para un evento musical del REC.

Ahora, nuevamente ProCultura estará en el centro de los focos por las declaraciones que tendrán que dar Crispi, Martínez y Jackson, y que se relacionarán con sus cinco convenios de Antofagasta.