Algo no cuadraba cuando ocho años antes de que estallara la Operación Tributos, el Servicio Nacional de Aduanas pusiera en su mira a Juan Víctor Galaz (ya fallecido).

En agosto de 2015, Aduanas realizó una fiscalización sobre mercancía que iba a ser exportada desde Chile, y los números no calzaban. La cifra era de 14.200 teléfonos para enviar fuera del país, pero al inspeccionar solo había 780, casi 20 veces menos.

La operación la lideraba Juan Galaz, el supuesto cabecilla del Clan Galaz, uno de los grupos familiares implicados en la Operación Tributos. Su modus operandi era declarar más teléfonos de los que eran, para así recibir una mayor devolución de impuestos, y de esta manera defraudar el Fisco.

Cómo descubrieron a Juan Galaz

¿Cómo lo hacían? A través de falsedades al presentar documentos para tramitar la exportación en Aduanas, con otro número de guías de despacho.

Primero, el Servicio detectó irregularidades a nivel informático y luego dio paso a la fiscalización de manera física.

El precio de exportación era mayor al real, y eso dio paso a que más tarde descubrieran otras operaciones similares. Entonces se enviaron antecedentes al departamento jurídico y la Unidad de Análisis de Riesgo (UAR) empezó a analizar a Galaz.

Así, se puso entre ceja y ceja a la Exportadora e Importadora Yaveh y presentó una querella contra Galaz como persona natural y como representante legal de la compañía.

Tiempo después, en julio de 2017, Aduanas decidió iniciar una auditoría a Galaz. El procedimiento partió por pedirle antecedentes para justificar las operaciones, pero él se negó en varias ocasiones.

La millonaria multa que aplicó Aduanas

Una vez se encontraron con la negativa de Galaz, Aduanas optó por la vía administrativa y emitió una multa basada en el artículo 23 de la ley orgánica, que castiga a quien se niegue a entregar antecedentes al Servicio.

La multa cursada fue de 1.155 millones de pesos, como parte de una sanción administrativa, y su motivo era que Galaz se negó injustificadamente a entregar los antecdentes solicitados.

Aunque se trataba de una sanción administrativa, Galaz tenía derecho a ir a un tribunal luego de la multa. Y fue así que demandó a Aduanas ante el primer tribunal tributario aduanero en octubre de 2018.

Este primero acogió la demanda y dijo que había que dejar sin efecto la multa, pero Aduanas recurrió a la Corte de Apelaciones, quien le dio la razón al Servicio y envió el caso de vuelta al tribunal aduanero, argumentando que debían tomar la decisión de nuevo.

Al día de hoy, la causa está paralizada y no se puede cobrar hasta que el juicio termine.